Hace unos días he leído en ‘El mundo’ las quejas de un inspector de trabajo.
Este señor, en una de sus visitas a un centro de trabajo, encontró a unos señores extranjeros trabajando sin legalizar. No tenían contratos ni permisos de residencia ni mucho menos el correspondiente alta en la SS. Tomó sus notas, realizó el informe y lo pasó al departamento correspondiente.
Para su sorpresa se lo devuelven y le solicitan que lo cancele con la explicación de que hay órdenes del Sr. Caldera, ministro de trabajo, por las que, durante los tres meses de plazo para legalizar a los inmigrantes, NO SE SANCIONE POR ESTE TIPO DEDELITO. Que a partir de cumplirse el plazo habría tolerancia cero. Se quejaba este hombre de cómo es posible saltarse una ley así de alegremente. Se preguntaba qué pasaría con todos los sancionados anteriores con multas de entre seis y sesenta mil € por trabajador sin legalizar.
Al igual que el Sr. Inspector, yo alucino. ¿Significa esto que el Sr. Caldera, u otro ministro o cualquier gobierno, está por encima de la ley? ¿Significa esto que durante tres meses se pueden explotar impunemente a miles de trabajadores? ¿Qué se puede defraudar a hacienda y a la seguridad social al no estar declarados? ¿Se les devolverán los gastos a los honestos que SÍ están cumpliendo fielmente con sus pagos y obligaciones?
Por otro lado parece que están bastante defraudados con el poco eco que ha tenido entre los extranjeros que no muestran demasiado interés con la “generosidad” del gobierno. Hasta el punto de estar pensando en eliminar trabas burocráticas reduciendo la aportación de documentos para intentar atraer mas “sin papeles”. Me recuerdan las “arengas” de Martorell, y posteriormente Solchaga, animando a todos a realizar las declaraciones de hacienda. “Si pagamos todos pagaremos menos” decían. Quizás los inmigrantes sean mas astutos de lo que fuimos nosotros y sepan que dentro de seis meses cuando se cumplan los contratos todos estarán localizables para ser expulsados, con eso de la “tolerancia cero”, si no logran la renovación.
La otra versión puede ser la necesidad de mantener excedente de mano de obra barata para mantener reventado el mercado obrero en España con lo que los empresarios, especialmente los del ladrillo, sigan amasando suculentos beneficios adicionales además de mantener los niveles de esclavitud y sometimiento que poco a poco se perfila como irreversible.
Parece que hace algún tiempo que no asoma nadie a ninguna tribuna a recordarnos que debemos agradecer nuestra privilegiada pertenencia a un estado de derecho...
Así califican a esta democracia de zahúrda los amos que habitan dentro de ella.
1 comentario:
Hola japaman. Gracias por venir por aquí.
Efectivamente el inspector debería saberlo. ¿Porqué no lo sabía?
Por la queja del inspector y por la propia lectura del plazo, entiendo que ninguna medida provisional de cualquier gobierno puede solapar ninguna ley.
Es ley regular a los trabajadores, por parte de los empresarios, mediante contrato y alta en la seguridad social, etc. El estado no está por encima de la ley. El Estado no puede imcumplir la ley. Puede derogarla, cambiarla, matizarla, adaptarla...siguiendo los cauces reglamentarios.
El plazo que da el Estado NO es a los empresarios sino a los EMIGRANTES en situación irregular. Entre otros requisitos se exige un contrato de trabajo, lo que no exime a nadie el incumplimiento de ninguna ley ni obligaciones fiscales.
Para poder dárselo a los empresarios necesariamente habría que legislarlo o decretarlo, haciendolo público y en igualdad de condiciones para todos, notificándolo a todas las instituciones de trabajo y dependencias relacionadas, privadas y del estado, y a todo el funcionariado implicado o relacionado (Sindicatos, AT, SS, inspectores, etc., etc.) de forma que en esos tres o cuatro meses NINGÚN empresario tuviera la obligación de abonar las cuotas de la seguridad social, partes proporcionales de pagas y vacaciones, retenciones de IRPF, asumir responsabilidades legales obligadas sobre el trabajador, etc., que otros empresarios SÍ asumieron respetando la ley. Ley que en ningún momento fué derogada, ni cambiada, ni publicado en el BOE o comunicado, variante alguna, al empresariado en la forma que pueda contemplar la ley.
Por tanto, con todos mis respetos a tu opinión, sigo pensando que ha sido una chapuza al más puro estilo bananero tras la cual se ha permitido el beneficio fraudulento y discriminatorio de un número determinado de empresarios con la complicidad de todo un ministerio.
Saludos.
P.D. Espero que sigas entrando por aquí. Intentaré plasmar mis opiniones siempre que pueda y mi tiempo, mas bien escaso, me lo permita.
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