Cuando menos es curioso que en nuestra casta política se produzcan tantas y tan clamorosas “presuntas” contradicciones e incoherencias entre el sistema legal, actuaciones políticas y el Estado de Derecho, que desorientan, coartan e intimidan al ciudadano a la hora de erigirse en ciudadano libre y articularse en rebeldía contra todo tipo de injusticia contra sí, como individuo y contra terceros, como parte del colectivo nacional. Esta sensación llega al ciudadano por oleadas y en claros aspavientos bien orquestados y aireados a través de ciertas prensas, que “acaudalan” aires de desconcierto que diluyen la nitidez imprescindible y necesaria para localizar los claros referentes entre lo justo y lo injusto, entre el bien y el mal, hasta amordazarse así mismo acomplejado en el temor por la acción del aparato político-judicial, sobre terceros. Lo que tradicionalmente se percibe como miedo a la impune, aplastante y asfixiante tiranía del poder, especialmente acentuada con la necesidad de acallar voces y razones ante la proximidad de las Elecciones Generales.
Esto suele ocurrir cuando se dan algunas circunstancias aparentemente ajenas entre sí, pero que sibilinamente hilan sobre la misma cuerda. Cuando decir en un medio público “me cago en la puta España” o “estoy hasta los cojones de la puta España” o “a la mierda la puta España” o algo así, se traduce legal y democráticamente como libertad de expresión, mientras que criticar al gobierno de esa calificada legalmente como “puta España”, a cuenta de actitudes bastante evidentes de sectarismo y omisión a la legalidad democrática, del mismo, sea imputable como un delito de injurias contra un gobierno responsable de situaciones tan bochornosas y lamentables, como ilegítimas y seguramente ilegales, permitiendo que a terroristas les sean recurridas sentencias de prisión, por la Abogacía del Estado y evitando otras por imputaciones previas de la misma Fiscalía General del Estado. Criticar eso será ‘libertad de expresión’ o ‘injurias’, dependiendo de la afinidad con los aliados, o de la sintonía con los contrarios a merced de la indefensión y desamparo generado sobre ellos.
Que alguien avise a unos terroristas, desde una comisaría de policía, de que un juez les va a preparar una redada. Que dos terroristas armados sean detenidos en Francia y se solicite su libertad por formar parte de una negociación aprobada en el Congreso bajo la única condición de ‘abandonar las armas’. Condición que ni el gobierno, ni sus aliados, ni su presidente, ni los asesinos, exigieron ni respetaron jamás. Que terroristas sean presentados por el presidente del gobierno como gente de paz. Que se le procurara, a los terroristas, refugio en Italia, mediante favor o negociación con Romano Prodi, para evitar a la policía francesa. Que sean presentados y aplaudidos en la Eurocámara. Que se califique como accidente un acto terrorista criminal premeditado y con resultado de muertes. Que un asesino convicto y confeso, de acabar con veinticinco vidas inocentes, ufanándose públicamente de sus fechorías además de no mostrar el más mínimo arrepentimiento, ni respeto por su recuerdo ni por la ley, sea calificado como ejemplo de reinsertado. Como punta visible del más que probable icerberg que se oculta, y contrastando con el antidemocrático y obsesivo acoso a la oposición, a las víctimas y a todo aquel que invocara a la ley, y que se intente negar la mayor diciendo que no es sintonizar, ayudar, amparar o favorecer a esos terroristas, a mi me suena a burla macabra y a insulto a la inteligencia.
Sin olvidar que tras las mofas, insultos, vejaciones, terrorismo callejero y descalificaciones públicas de los terroristas, asesinos y los nazis (asociados al Gobierno y no) contra España y el completo conjunto de Órganos de Gobierno que conforman el Estado, por el que se rige, sin que por ello ni el Gobierno, ni la Fiscalía General del Estado, ni el aparato que conforma el Servicio Judicial del Estado, se dignaran tomar una sola medida legal ni política, contra ellos.
Por tanto, desde mi mas profundo convencimiento, mi opinión particular es que tanto la libertad de expresión como la imputación por injurias, cuando no son debidamente delimitadas y contextuadas por un sistema judicial independiente que opera en un régimen sometido a unas mínimas garantías democráticas, es fácil que, unidos a otros delitos desde el Estado, no sean más que vulgares útiles de represión a conveniencia de vulgares políticos ilegítimos, exentos de escrúpulos y de cualquier vestigio de ética y moral, que alinean sus actuaciones y se identifiquen mejor con 'fueras de la ley' que con sus propias víctimas. Que utilicen al Estado para sus prácticas ilegales, por omisión de la propia ley y de sus deberes de servicio a los intereses del conjunto nacional. Es fácil convertir la injuria en simple útil para amordazar, reprimir o vengarse. Que en manos de una banda de resentidos, que lo pueden emplear como vaselina para sodomizar a la justicia, al sistema judicial, a la legalidad democrática y a toda una Nación, en sus derechos y libertades y en su Soberanía Nacional.
El Sr. Alcaraz no es un asesino. No es un terrorista. No es un traidor a su Nación. No es un criminal del Estado. No es anticonstitucionalista. No es un Nazi antiespañol separatista socio del Gobierno, de esos que amenazan y apalean a otros por pensar distinto y defender sus ideas y que justifica alguna ministra. El Sr. Alcaraz es un ciudadano de pleno derecho, íntegro y luchador, con derecho y deber de exigir sus derechos a los que se lo obstruyen, niegan o impiden. Es una víctima y representa a otras miles de víctimas de los asesinos y de su escoria perimetral, a cuyo nivel ha sido descendido el Estado por el Gobierno de España legitimadolos en el Europarlamento. El Sr. Alcaraz ha sido imputado por “injurias” contra ese Gobierno que estafa imponiendo tiranía y autoritarismo tras cobrar democracia, y por el mismo aparato judicial que acata y utiliza leyes contra la justicia -promulgadas por ese Gobierno- como instrumento para impartirla. ¿¡¡¡...!!!? Desde los datos que expongo y según mi opinión, el Sr. Alcaraz es imputado por decir la verdad. La molesta y perseguida verdad en un hábitat sostenido en la mentira, el resentimiento, la ignorancia y el lucro.
Todos víctimas de un conjunto de políticos ajenos al interés general y en pro de intereses bastardos, que deben ser desalojados de sus cargos y pasados por la ‘quilla’ de la justicia, hasta purgar sus graves delitos. La legalidad de las urnas no legitima a nadie -ni le exime de su culpabilidad- para el incumplimiento de la ley que avala a la justicia. Para nuestra desgracia en España no hay un solo Órgano de Gobierno que haya cumplido con su deber de hacer prevalecer la legalidad manada de La Carta Magna, de entre todos aquellos que cobran para ello y ocupan los cargos que así se lo exige la propia Constitución, permitiendo que la legalidad democrática haya sido desplazada, con total desfachatez e impunidad, por las leyes políticas para la tiranía y el expolio, consolidándose definitivamente la partitocracia oligárquica, o lo que es lo mismo un feudal-fascismo torpemente disimulado tras un patético disfraz de democracia.
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